Una pareja de gitanos está acusada de haber pagado 30.000 pesos por la víctima, para que se casara con su hijo ya que "querían nietos". Están imputados por "trata de personas con la finalidad de someter a la víctima a una unión de hecho y matrimonio servil" .
La Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata solicitó la elevación a juicio contra una pareja de la comunidad gitana acusada de haber comprado a una nena de 14 años por 30.000 pesos para que se casara con su hijo y les “diera nietos”.
Para la fiscal Laura Mazzaferri, quedó demostrado que la nena era sometida a una situación de esclavitud: debía ocuparse de todas las tareas domésticas, ir a pedir limosna al centro de la ciudad, tener relaciones sexuales, y su libertad de movimiento era controlada
Mazzaferri imputó a la pareja por el delito de trata de personas con la finalidad de someter a la víctima a una unión de hecho y matrimonio servil, bajo la modalidad de captación y acogimiento. La imputación se agrava por el abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima, una nena de 14 años que no sabía leer ni escribir y se encontraba indocumentada.
Según la causa, la víctima había sido traída a la ciudad bajo engaño de los imputados, quienes pagaron el pasaje de la menor, la obligaron a casarse, hacer todas las tareas domésticas de la vivienda donde llegaba a haber 10 personas viviendo e ir al centro a vender pañuelos descartables o pedir limosna. En este marco, también fue obligada al menos en una oportunidad a mantener relaciones sexuales con el joven con el que se casó bajo costumbres zíngaras porque los imputados “querían un nieto”, y era agredida de manera constante, con insultos y golpes.
Para la fiscal, “la nutrida prueba recabada acredita la esclavitud doméstica y unión de hecho forzada a la que fue sometida, siendo víctima de maltrato psicológico, verbal y también físico, reduciéndola a un estado de ‘cosa’”.
De acuerdo a la investigación, los principales imputados controlaban a la niña en sus decisiones y movimientos, a través de distintos mecanismos como la administración del dinero y las nulas comunicaciones que podía tener al no contar con teléfono ni redes sociales; tenían injerencia en su sexualidad dado que se fue obligada a casarse y tener relaciones no consentidas; había también un control de su salud y educación, debiendo abandonar sus estudios para convertirse en ama de casa y esposa a los 14 años; y sobre todas las cuestiones relativas al destino de su vida y su rol en la sociedad.
Este requerimiento de elevación a juicio es parcial, dado que la situación procesal de otra acusada –cuñada del hombre imputado, quien vivía en la casa lindante y colaboraba con los mecanismos de control impuestos- se encuentra a consideración de la Cámara Federal de Casación Penal, después de que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata dictara su falta de mérito. A su vez, continúa la investigación en relación al joven con quien fue obligada a casarse la niña, que era menor al momento de los hechos, sobre quien también se dictó la falta de mérito para procesarlo o absolverlo.
De La Plata a Mar del Plata: venta y esclavitud
La niña había sido traída desde La Plata a la ciudad bajo engaño, en el año 2016. Una vez alojada en la vivienda de los acusados situada en Polonia al 300, donde permanecería cautiva durante meses, su padrastro le dijo por teléfono que se casaría con el hijo del matrimonio que la había recibido. Ella se negó, pero el hombre la amenazó con golpear a su madre, y esa situación ya la había atravesado por lo que debió someterse a la situación. A cambio, el padrastro ya había recibido 30 mil pesos y la promesa de una camioneta tipo Kangoo. “Me casaron a la fuerza y se fueron”, relató la niña tiempo después, al ser rescatada.
La víctima fue obligada a casarse de manera informal y a partir de allí debió ocuparse de todas las tareas domésticas de la casa donde dormían unas 10 personas, sin recibir a cambio remuneración alguna: limpiar la vivienda, cocinar, atender y servir a todos. La jornada para ella arrancaba a las seis de la mañana, llevaba desayunos a cada habitación, y se iba a dormir después de dejar todo impecable y ya estuvieran todos descansando.
Mientras era obligada a distintas tareas domésticas en la vivienda, su entonces suegra y la vecina –que era familiar- le daban las indicaciones y la vigilaban. Su intención de escapar no era sencilla: ella misma relató que intentó fugarse durante dos meses, pero nunca podía, dado que por la zona de la avenida Jara, a la altura de donde estaba cautiva, viven personas de la comunidad zíngara que la conocían y que cuando la veían queriendo escapar, la llevaban a su casa, lo que le costaba golpes de los imputados y su entonces pareja. Una vez, contó, intentó huir por la terraza de la vivienda pero una vecina le dio aviso a su captora.
Su cotidianeidad estaba atravesada a su vez por malos tratos físicos y psicológicos, golpes y humillaciones, circunstancia que provocó que deba ser hospitalizada en diversas ocasiones. En este marco de sometimiento, la adolescente también era obligada a pedir limosnas en la calle o vender pañuelos descartables por el centro, bajo una estricta vigilancia por parte de los imputados, debiendo entregar y rendir el producido.
El escape
Una de esas mañanas que la habían llevado hasta la Plaza San Martín, la del 24 de febrero de 2017, la niña logró escapar del control de su “suegra”. En la esquina de Córdoba y Garay se encontró con dos jóvenes a quienes relató su situación y pidió ayuda. Estaban camino al hospital Materno Infantil porque una de ellas estaba por dar a luz, por lo que le dijeron que vaya hasta la Municipalidad donde otra compañera -que participaba de una protesta allí- la esperaría, pagaría el taxi al que la subieron y la acompañaría a encontrar ayuda. El corte que en ese momento hacían organizaciones sociales impidió que el taxi llegue a destino. Pero otro pedido de ayuda la llevó hasta el Juzgado de Familia y luego al Hogar Municipal Gayone, donde permaneció unos 20 días.
De todas formas, las jóvenes que intentaron ayudarla en un primer momento hicieron la denuncia en la sede del Ministerio Público Fiscal en Mar del Plata y, a partir de allí, comenzó la investigación, dirigida a individualizar y dar con el paradero de la joven y a reconstruir el relato que le realizó a las denunciantes, así como al taxista, quien pudo ser localizado. Finalmente, el 18 de marzo de 2017 se pudo dar con el paradero de la niña, a través del Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, como resultado de las medidas investigativas dispuestas por la Fiscalía.
De allí pudo egresar cuando intervino el Programa Nacional de Rescate, que articuló con otros sitios de abrigo fuera de la ciudad, mientras se desarrollaban intervenciones para la restitución de derechos de la joven, medidas en las que participó también activamente la Asesoría de Menores del fuero federal.
Tras escucharse en el Juzgado, por intermedio de la Cámara Gesell, el testimonio de la víctima y realizarse otras medidas de prueba, entre ellas allanamientos y tareas de investigación, se ordenó la detención del matrimonio, del joven con el que fue obligada a casarse -cuya aprehensión quedó supeditada a que se constatara su mayoría de edad-, y de la cuñada del hombre imputado. Sin embargo, casi en forma instantánea a que la joven había logrado escaparse de sus captores, éstos se habían dado a la fuga, cambiando permanentemente de domicilios con el fin de evitar ser encontrados por la justicia. Por su parte, la vecina fue detenida en el mes de septiembre de ese año, aunque la Cámara Federal, al dictar su falta de mérito, dispuso la liberación (resolución que ha sido recurrida por el Ministerio Público Fiscal).
El matrimonio logró ser detenido en marzo de este año en Comodoro Rivadavia, donde habían viajado para burlar el accionar de la Justicia. La búsqueda incluyó múltiples intervenciones telefónicas y tareas de campo en distintos sitios del interior del país, lo que complejizó la investigación, toda vez que la mayoría de las comunicaciones que entablaban los investigados o sus allegados eran en dialecto romaní. Estas tareas estuvieron a cargo de la DDI de Mar del Plata, de la Policía de la provincia de Buenos Aires.